Cuando Johana Cazar supo que estaba embarazada, cursaba el cuarto semestre del posgrado de Ginecología de la PUCE. Tiene 33 años. Ahora, casi a la mitad de su período de gestación, siente frustración por haber tenido que dejar sus estudios por este motivo. Cuando los especialistas le detectaron un embarazo de alto riesgo durante el primer trimestre, ella supo que su condición no sería llevadera siendo estudiante. Mucho menos podría cumplir con su obligación de hacer guardias hospitalarias en la Maternidad Isidro Ayora. Los certificados médicos confirmaron el peligro que corrían las vidas de madre e hijo, pues Johana fue diagnosticada con un hematoma retroplacentario que le condenaría a reposo absoluto de inmediato.

Johanna recuerda que en la Maternidad Isidro Ayora –la más importante de la capital ecuatoriana– sintió muchas molestias por los frecuentes olores a cañería que percibia durante sus jornadas de trabajo. Había visto cucarachas en las habitaciones de las pacientes, en los pasillos, en los salones; cuenta que había más pacientes que las que podían atender los médicos; la puerta de un baño donde descansan los residentes no se cerraba y muy pocas veces reemplazaban las sábanas de algunas camas. Por todo eso, Johanna pidió a las autoridades universitarias que tutelaban sus estudios de posgrado que la asignaran al Patronato San José, pero le negaron el traslado. Le dijeron que en todas las casas de salud había la misma cantidad de trabajo y que “como estudiantes de posgrado no tenemos derecho a calamidades ni a enfermarnos, que los certificados para nosotros no son válidos”.

Al cabo de unas semanas, saliendo de una guardia, el dolor del vientre la tumbó en una cama de hospital. El médico que la atendió le dijo que debía escoger entre su vida y la de su bebé, o el posgrado, así que Johana renunció porque “cuando eres madre, tus prioridades cambian”. El siguiente año podrá reintegrarse al posgrado si así lo decide, pero la beca está perdida. Ella tendrá que pagar por toda su educación.